La mejor manera de transparentar la relación de los gobiernos con quienes comunican las acciones y políticas públicas a la sociedad es establecer un esquema que pondere el alcance, la audiencia, la interacción y la intensidad de la difusión de cada medio, de manera pública y con vigor de ley. Así se preserva la legalidad en la contratación de pautas de comunicación social.

Lo anterior fue acordado en la reunión de trabajo que sostuvieron Jesús Ramírez Cuevas, coordinador general de Comunicación Social de la República y Laura Beristain Navarrete, presidente municipal de Solidaridad , acompañada de Román Contreras Nahón, coordinador de Comunicación Social y Difusión Gubernamental del ayuntamiento del octavo municipio de Quintana Roo.

El vocero de la presidencia de la República, externó que propondrá un esquema de pesos específicos de cada medio de información que se contrate para fines de difusión de actividades gubernamentales, con lo que se evitará la discrecionalidad que da paso a la corrupción y se podrán rendir cuentas claras de la inversión pública en ese rubro.

También expresó su convicción de que la comunicación social debe regresar a sus raíces comunitarias, por lo que se impulsará el uso de periódicos murales en oficinas públicas, escuelas y sitios de confluencia.

Por su parte, Laura Beristain le presentó al vocero presidencial, el modelo elaborado por el municipio de Solidaridad para la asignación de recursos públicos a la contratación de prensa impresa, radio, televisión y medios digitales, en el cual se pondera el tiraje, la audiencia, el rating, el alcance y la interacción, respectivamente, de manera que la ciudadanía pueda corroborar que la inversión que se hace para fines de comunicación social sea legal, equitativa y transparente.

Ambos funcionarios coincidieron en que dicho modelo debe transitar por la cámara de diputados para poder ser adoptado como una política pública nacional de medios de comunicación.